Sacyr espera recibir US$186 millones por el arbitraje del Canal de Panamá

En el segundo semestre del año, Sacyr y sus socios con los que construyó el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá esperan obtener la resolución por el arbitraje.

De lograrse un laudo favorable, el ingreso neto para Grupos Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), el consorcio que ejecutó los trabajos, alcanzaría, según sus estimaciones, los US$ 186 millones (167 millones de euros al cambio actual). Esta cantidad representa un incremento del 80% con respecto a los 92 millones de euros que preveía hace un año, según consta en las memorias anuales de 2019 y 2018 de la Autoridad del Canal del Panamá (ACP).

La demanda de GUPC en el arbitraje relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón, que se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, asciende a 463,9 millones de dólares (415,4 millones de euros). Sacyr y sus socios, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul (la panameña Cusa queda al margen), esperan recuperar de la ACP un total de 430,29 millones de dólares (385 millones de euros), frente a los 347 millones de dólares (310 millones de euros) de 2018.

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De esta cantidad, no obstante, la ACP ya abonó 244 millones de dólares (218 millones de euros) tras la decisión de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) en diciembre de 2014. Por tanto, el saldo neto para los constructores ascendería a los 167 millones de euros referidos. A Sacyr le corresponderían más de 50 millones de euros.

La ACP, por su parte, demanda, precisamente, la devolución de estos US$244 millones y otras cantidades hasta totalizar US$265,3 millones (237,5 millones de euros). En caso de que la Corte dé la razón a las autoridades panameñas el impacto para GUPC sería de menos de 20 millones de euros.

La audiencia de cierre de este arbitraje se llevó a cabo el 12 y 13 de octubre de 2019 y se espera el laudo para principios del segundo semestre de 2020.

Otro arbitraje

Al margen de este arbitraje, GUPC ha elevado el importe que reclaman por el de las compuertas y sobrecostes laborales, desde US$593,9 millones (543 millones de euros), hasta US$780 millones (698 millones de euros). Por el arbitraje de los costes de interrupción y otros demanda US$2.970 millones (2.714 millones de euros). La resolución de estos dos procesos se prevé para 2022 o 2023.

Fuente: El Economista

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