Perú: Chavimochic podría ejecutarse bajo mecanismo de Estado a Estado

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) está en conversaciones con el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, para ver la posibilidad de transferir a su sector la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic.

El titular de la cartera, Jorge Montenegro, señala que el objetivo es ejecutar la obra bajo un mecanismo de Estado a Estado -similar al de los Panamericanos-.

No obstante, la última adenda anunciada por la gestión de Llempén para destrabar el proyecto aún incluye a la constructora Odebrecht (involucrada inicialmente con la obra) para que la empresa ejecute y culmine con la construcción de la presa Palo Redondo. En ese sentido, Montenegro opinó que esta no debería aprobarse.

“Hemos sido enfáticos y claros que nunca más [trabajaremos] con Odebrecht. El presidente [Martín Vizcarra] ha sido bien claro. Nosotros no vamos a aceptar trabajar con ellos bajo ninguna naturaleza”, indicó.

Sin embargo, el ministro aclaró que su sector no tiene la competencia para decidir si se aprueba o no la adenda. “La competencia es regional y del MEF. Sí opinamos para que esta obra, que es emblemática, se acelere y pueda ser tomada en consideración para poder ejecutarla”, dijo.

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Esquema de gobierno a gobierno

Montenegro explicó que las conversaciones que se tienen con Llempén apuntarían a que el gobierno de La Libertad ceda el proyecto Chavimochic a su sector.

La única manera de acelerar los procesos y tener plazos más cortos sería con un contrato de Estado a Estado, y para eso tiene que elevarse el proyecto para ser unidad ejecutora del Minagri porque la competencia [para concretar este mecanismo] está a nivel sectorial o de Gobierno Central. Los gobierno regionales y locales no tienen esa competencia”, detalló Montenegro.

Como parte de este trabajo, Montenegro explicó que su sector debe realizar un diagnóstico del proyecto para ver en qué situación se encuentra la presa de Palo Redondo; debido a que la infraestructura quedó incompleta. En ese sentido, reveló que entre la revisión de la nueva adenda; el diagnóstico por realizar; la definición del escenario en el que se encuentra la obra (por la posibilidad de un arbitraje); entre otros procesos, tomarían, por lo menos, un aproximado de 40 meses.

“Vamos a hacer lo máximo que se pueda para reducir los tiempos. Pero por lo menos tenemos ese tiempo estimado, que sería el tope de lo que nos demandaría”, remarcó.

Fuente: El Comercio

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