IDOM es cuestionada por estudio del Tren Rápido de Pasajeros de Costa Rica

La empresa consultora española IDOM, encargada del estudio de factibilidad del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) o Tren Eléctrico Metropolitano (TEM), está sujeta a cuestionamientos.

IDOM, con sede en la ciudad vasca de Bilbao, cobró por el mencionado estudio USD 1 millón, que fue donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Antecedentes

Entre 2006 y 2007, IDOM se adjudicó la elaboración de los planes reguladores de 31 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM).  Esa gestión se hizo en conjunto con el programa Plan Regulador Urbano de la GAM (Prugam) adscrito al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), y estuvo lleno de críticas y señalamientos.

Las inconsistencias en ese trabajo se recogen en un capítulo del décimo octavo informe del programa Estado de la Nación, presentado en 2011, denominado ‘Impacto de la planificación regional de la GAM sobre el crecimiento urbano y el mercado mobiliario’.

En el análisis realizado por los investigadores Rosendo Pujol Mesalles y Eduardo Pérez Molina se señala que las propuestas elaboradas por IDOM presentaron “serias deficiencias”.

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Los señalamientos al trabajo realizado por la empresa también se retomaron en la edición 224 de junio de 2012 de la revista Ambientico, de la Universidad Nacional (UNA), en la cual se apuntan “muchas deficiencias” en los planes reguladores que se presentaron a 19 municipios en ese entonces.

Para la ejecución del Prugam, que estuvo vigente entre 2003 y 2009, la Unión Europea (UE) donó 11 millones de euros y el Estado costarricense aportó otros 7 millones de euros (un total de 18 millones de euros). Sin embargo, en 2010 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) rechazó su aplicación al alegar inconsistencias y riesgos de protección a zonas ambientales.

El director del Prugam fue Eduardo Brenes Mata, actual viceministro de Transportes.

Estudio del TRP

En el caso del TRP, el estudio de IDOM es cuestionado por el investigador costarricense Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía y miembro de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Loría cuestionó la metodología aplicada para realizar el apartado de estimación del Análisis Costo Beneficio (ACB). Por ejemplo, indicó que IDOM no tomó en cuenta la confluencia de los distintos tipos de transporte.

Además, ante una serie de consultas hechas por Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que discute la aprobación de USD550 millones otorgados por el BCIE para el proyecto, el Incofer confirmó que no existe ningún documento escrito con los alcances de la evaluación hecha a los estudios de factibilidad por parte de la Unidad Ejecutora del TRP y los 3 consultores externos contratados para ese fin solo realizaron una “interacción verbal” para discutir ajustes.

¿Cómo se fiscalizó el estudio de factibilidad? Incofer detalló que la unidad ejecutora usó 3 criterios puntuales: si el consultor (IDOM) cumplió con los alcances previstos en los términos de referencia de la contratación, si los trabajos tenían la calidad necesaria y si habían sido realizados usando normas y estándares adecuados y actuales.

El instituto explicó que cada consultor externo realizó los análisis por su cuenta, para luego llevar esas anotaciones personales a los talleres o sesiones de trabajo con representantes de IDOM. Esos encuentros se realizaron en algunas oportunidades de manera presencial y en otras vía videoconferencia, mientras los ajustes se discutían en “tiempo real”.

Por su parte, Jorge Rodrigues Duarte, representante de IDOM en Costa Rica, aseguró el pasado 25 de julio ante la Comisión de Infraestructura que los análisis se realizaron apegados a los mejores estándares y normativas requeridas por el proyecto.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, está estimado en USD1.550 millones y contaría con un préstamo de USD550 millones otorgado por el BCIE. El plan sería dado en concesión a una empresa privada por 35 años, la cual tendría que invertir USD1.000 millones.

Durante la concesión el Estado deberá brindar un aporte anual que rondaría entre USD50 millones y USD150 millones.

Fuente: CRHoy

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