Graña & Montero demanda al Perú por contrato del Gasoducto del Sur

La empresa Graña & Montero interpuso una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por no cumplir con el contrato del Gasoducto del Sur firmado en el gobierno de Ollanta Humala.

La demanda aún está pendiente de valoración en la sede central del CIADI (en Washington, Estados Unidos) y ya se notificó a los ministerios de Energía y de Economía.

La constructora peruana se había consorciado con Odebrecht (55%) y con la española Enagás (25%) para asumir el proyecto energético por el cual se iban a destinar más de US$7.000 millones de impuestos. La demanda se suma a la que ya antes había interpuesto la empresa española Enagas.

Cabe destacar que recientemente el empresario Jorge Barata admitió que G&M había sido un “socio oculto”, porque Nadine Heredia –quien supuestamente ordenaba las grandes licitaciones en el régimen presidencial de Ollanta Humala (2011-2016)- no quería facilitarle contratos.

En el programa peruano ‘Cuarto Poder’se publicaron acuerdos firmados desde junio de 2011 entre los empresarios peruanos y brasileños, los cuales se modificaron en febrero de 2014.

Rodrigues de Carvalho y Mario Harasic Angulo suscribieron por Kuntur (que sería absorbida por Odebrecht), Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker por Graña & Montero, y Barata y Nelson Vieira de Bulhoes por la empresa símbolo de megacorrupción.

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Club de la Construcción

El último 4 de diciembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó a la empresa Graña & Montero como investigada en el caso Club de la Construcción, a pedido de la Fiscalía.

El Club de la Construcción era un cartel de empresas que coordinaban entre sí para obtener la adjudicación de obras públicas.

El mismo Grupo Graña y Montero confirmó a través de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores la decisión del juzgado; sin embargo, precisó que esta “no implica un pronunciamiento final o definitivo sobre la culpabilidad de GyM ni la imposición de una sanción”.

Con su incorporación al caso Club de la Construcción, Graña y Montero podrá acogerse a la Ley N°30737, que permite conformar fideicomisos con el fin de garantizar el pago de reparaciones civiles de hallarse responsabilidad penal en los casos que se les imputa.

Además, hace dos semanas, Graña Miró Quesada indicó que aportó dinero a la campaña de Confiep por el “libre mercado” en el 2011. Keiko Fujimori representaba el apoyo a la inversión privada y Humala Tasso era visto como un estatista.

Accionariado

El accionariado del difunto consorcio Gasoducto Sur Peruano estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagás solo el 25% y Graña y Montero el 20%.

Fuente: Expreso

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