Colombia: EPM y Antioquia se enfrentan por represa de Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó su intención de trasladar los sobrecostos generados en Hidroituango al consorcio de la presa (Hidroituango S.A.). De acuerdo con Skava Consulting, a cargo del informe, la emergencia en la represa se dio por un error de diseño.

En ese sentido, consorcio Hidroituango S.A. debería asumir los sobrecostos. Sin embargo, el anuncio fue rechazado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, puesto que los principales accionistas del consorcio son EPM y el departamento de Antioquia (y con participación minoritaria está Instituto para el Desarrollo de Antioquia).

Pérez rechaza la medida debido a que EPM fue la que contrato el estudio, por lo que cuestiona la imparcialidad de los resultados revelados por Skava Consulting. Además, indica que la Gobernación no atenderá la solicitud de traslado de costos.

EPM todavía no se pronuncia ante las declaraciones de Pérez. No se sabe si el traslado de costos se podrá hacer efectivo con la oposición de un socio mayoritario de Hidroituango S.A.

300 irregularidades

La Contraloría de Colombia entregó los resultados del caso Hidroituango que abarcó los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, analizando los impactos ecológicos y sociales en estas comunidades ocasionados por la megaobra.

De acuerdo con el informe se evidenciaron hasta 300 irregularidades en estas zonas, las cuales no solo van desde el cierre de compuertas de Hidroituango que afectó los niveles del río Cauca en enero de este año, sino también por la avalancha ocurrida el pasado 12 de mayo y la construcción de vías del proyecto de años más anteriores.

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“Se trasladaron más de 300 irregularidades a EPM, la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), la Procuraduría General de la Nación, las gobernaciones de Antioquia, Sucre y Córdoba; y las alcaldías De Sabanalarga, Valdivia, Cáceres, Caucasia, San Benito Abad, Montecristo, Achí y Magangué”, expresó Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

De acuerdo con Pineda, una vez se reciban las denuncias y planes de contingencia de cada entidad, se establecerá una serie de compromisos que serán socializados a las comunidades afectadas a fin de iniciar con la población especial seguimiento a los recursos invertidos y acciones que se comprometa cumplir.

Fuente: El Tiempo y El Espectador

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